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La Prensa Libre

31 Marzo, 2019

Una de las interrogantes que se generaron con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es en relación con el pago de los alquileres.

A partir del 1º de julio de este año, todos los alquileres de casas o apartamentos que superen los ¢648.000 mensuales deberán cancelar un 13% más por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

A manera de ejemplo, si un alquiler tiene un costo por ¢700 mil, deberá cancelar mensualmente un monto de ¢91.000 de más, de acuerdo con la ley aprobada en el Congreso de la República en diciembre anterior.

De acuerdo con la legislación, el monto que sea inferior a ¢648.000, quedará exento de cualquier pago de tributos.

Las inquietudes surgen en cuanto al tema de contratos, así como el tema de los derechos adquiridos.

CONFUSIONES

DIARIO EXTRA conversó con Raquel Moya, abogada del Real Estate Sfera, quien reconoció que existen confusiones entre los inquilinos y los propietarios.

Moya acotó que se debe tomar en cuenta que este impuesto es una disposición de ley y no un acuerdo o una obligación que está generando el propietario.

Según la experta, todos los alquileres están sujetos a partir de la entrada en vigencia de la norma con algunas excepciones, independientemente de cuándo haya iniciado el contrato con el arrendamiento.

“Si yo soy inquilino hoy, por un contrato que inició hace un año a partir del 1º de julio voy a tener que adicionar un 13% del Impuesto al Valor Agregado para todos los casos en que el arrendamiento esté sujeto."

Es importante tener claro que es el inquilino el que tiene que soportar ese 13%, no es el propietario sino el consumidor del arrendamiento el que lo debe pagar”, agregó.

OTROS CASOS

Según Moya, los montos superiores a ¢648.000 para arrendamientos de uso residencial cancelarán tributos, así también si se trata de cualquier tipo de bodega, un local comercial o una oficina. En estos casos siempre estará sujeto al impuesto del 13% independientemente del monto.

Según agregó, el tributo es pagado por el inquilino y que no es necesario que el contrato de arrendamiento previera este cobro.

También acotó que el cobro del impuesto no representa una causal de terminación del contrato.

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